El seminario virtual Economías Populares en la pandemia, co-organizado por el grupo de trabajo de Clacso “Economía Popular: mapeo teórico y práctico” junto con la oficina andina de la Fundación Rosa Luxembourg y el Centro Internacional Miranda de Venezuela, es una invitación a compartir estos debates. En su segunda sesión realizada en octubre de 2020, se plantearon algunas de las principales disputas y desafíos de la agricultura familiar y campesina en América Latina.
Por María Eugenia Freitez, integrante del GT CLACSO “Economía Popular: mapeo teórico y práctico”
América Latina y el Caribe tiene los niveles de urbanización más altos del planeta. En Venezuela y Argentina, por ejemplo, aproximadamente el 90% de la población vive en ciudades, pero no es en ellas donde se produce la mayoría de lo que comemos.
El 80% de los alimentos a nivel mundial lo produce la agricultura familiar y campesina, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), aunque su centralidad no sea reconocida en el imaginario productivista del desarrollo económico global.
La alimentación y la producción de alimentos se encuentra en el centro del debate y las disputas de las economías populares en la región. Los territorios y las experiencias que la protagonizan, al ser indispensables en la reproducción y el sostenimiento de la vida, expresan con claridad las reconfiguraciones, interdependencias y contradicciones entre la espacialidad y las subjetividades rurales y urbanas.
Estos procesos se posicionan con más fuerza en medio de la pandemia del Covid-19 que aparece como un catalizador de las crisis múltiples que vivimos. Con el impacto de la precarización de las formas del trabajo, el aumento de la pobreza y las desigualdades, el colapso de los sistemas sanitarios, la propagación de las enfermedades hijas de la deforestación global quedó al completo desnudo la contradicción entre el capital y la vida.
En este contexto aparecen nuevos y viejos proyectos extractivos y se expande el despojo de territorios, conocimientos y capacidad política de los pueblos. Pero, a su vez, estas crisis potenciaron las formas de autogestión colectiva y de articulación de las economías populares, sobre todo, en la defensa y movilización por la soberanía alimentaria.
Estas experiencias que ponen en marcha iniciativas de trabajo, de producción y modos de vida y que implican también lidiar con lógicas desposesivas y de reproducción del capital existen con y a pesar de éstas, expresó la antropóloga argentina Dolores Señorans en el seminario virtual Economías Populares en la pandemia, co-organizado por el grupo de trabajo de Clacso “Economía Popular: mapeo teórico y práctico” junto a la oficina andina de la Fundación Rosa Luxemburg y el Centro Internacional Miranda de Venezuela.
En su segunda sesión, el 02 de octubre, se propuso la discusión sobre Autogestión, infraestructuras populares y organización política, con las ponencias de Ana Felicien (Plan Pueblo a Pueblo - Venezuela) y Luis Caballero (INTA UNGS - Argentina). Con introducción y moderación de Mariana García (GT, ULA, Venezuela) y los comentarios de Alexandra Martínez (Fundación Rosa Luxemburg), Jean Jorre Pierre (Investigador de la Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif – Haití) y Dolores Señorans (Programa Antropología en Colabor – UBA Argentina).
Agricultura familiar y campesina
La agricultura familiar y campesina está en el epicentro de las luchas políticas contemporáneas sobre nuestros modos de producción, distribución y consumo afirmó Luis Caballero, quien detalló las condiciones institucionales globales que en las últimas tres décadas han permitido un auge y reconfiguración de estas experiencias campesinas e indígenas, ya no sólo centradas en la lucha por la tierra sino también “por la alimentación, por el sentido de la alimentación, cómo se producen eso que comemos, quiénes lo producen, con qué tecnologías, cómo se comercializa, por qué cadenas, por qué circuitos, el enfoque de la soberanía alimentaria”.
El sistema agroalimentario global en su matrimonio con el agronegocio viene desplazando e invisibilizando a estos sujetos y sus prácticas, en la misma medida en que va privatizando los conocimientos ancestrales y forjando patrones de consumo adaptados a sus propósitos mercantiles.
Uno de los elementos claves de este debate es el rol de la racialidad de los sujetos que mayoritariamente encarnan la agricultura familiar y campesina: indígenas, afrodescendientes y comunidades migrantes.
Ana Felicien destacó la subestimación del aporte de estas agriculturas racializadas a los procesos de reproducción de la vida que están produciendo altos volúmenes de alimentos pero que no entran en los circuitos nacionales por el patrón de consumo colonizado que dependen de los enclaves del agronegocio.
Estas experiencias vienen definiendo una geografía más fluida entre lo campesino y lo urbano y se encuentran no solo en territorios rurales, también en barrios, zonas urbanas, en tejidos de intercambios, migraciones estacionales a otros territorios para hacer agricultura.
Su apuesta es por una alimentación sana, segura y soberana, a través de infraestructuras comunitarias y circuitos de producción, distribución y comercialización directa de alimentos: red de productores de semillas y alimentos que trabajan en procesos de transición agroecológica; biofábricas colectivas donde producen sus propios insumos y para su comercialización, mercados mayoristas agroecológicos, productores y consumidores organizados para jornadas de distribución planificada de alimentos, o nodos de consumo nucleados en las ciudades para acceder de forma más comunitarias y local a verduras.
Venezuela y la cartografía invisible de semillas y alimentos
La crisis de la industria petrolera que aportaba un 98% de las divisas internacionales en Venezuela, las sanciones y el bloqueo de los Estados Unidos y la pandemia están llevando al límite de la insostenibilidad a un modelo agrícola que depende en un 50% de la provisión de semillas importadas de Monsanto. En el mapa regional de la producción de materias primas, explicó Felicien, Venezuela entra en los circuitos de producción y exportación de alimentos de manera distinta al resto de países agrícolas de la región: es importadora de agroinsumos, de tecnología y alimentos en general.
Todas las formas de organización agrícola, a excepción de la agricultura conuquera racializada, dependen de insumos importados. Algunas son experiencias de espacios rescatados al latifundio en la última reforma agraria implementada a partir de la Ley de Tierras (2001), con apoyo y acompañamiento institucional: cooperativas, comunas, fundos. Otras, con mejores condiciones para producir, están alineadas con el agronegocio y comercializan con intermediarios y, a su vez, con redes populares. Invisible y marginalizada, la producción conuquera sostiene y reconstruyen las funciones reproductoras de los procesos vinculados a la agricultura desde la agroecología, con autonomía en la obtención y multiplicación de semillas, en la fertilización de suelos y el control de plagas. “Esa argumentación de ubicarla en el pasado y en el atraso es un artefacto para institucionalizar este control que nunca ha funcionado. Desde la Colonia al presente nunca ha sido periférica, y en este momento de crisis está al frente y en las peores condiciones”, remarcó Ana Felicien.
Desde la afirmación de que en Venezuela hay una apuesta por la reproducción del modelo agroindustrial convencional también en los enclaves comunales, en su intervención, cuestionó el subsidio al modelo del agronegocio que demanda monocultivos para la agroindustria y que no permite el resguardo y la reproducción de la diversidad de alimentos que se produjeron históricamente y aún se producen en estas tierras, principalmente, por conuqueros campesinos.
Nosotros nos atreveríamos a decir que si no fuera por nuestro patrón de consumo de alimentos no tendríamos elementos para decir que hay una crisis alimentaria, porque alimentos hay pero no son los alimentos que en su mayoría come el pueblo.
Politizar la alimentación en Argentina
Argentina es uno de los dos únicos países de América Latina que no ha tenido experiencia de reforma ni revolución agraria. Su proceso de desarrollo como país agroexportador que alimenta a más de 400 millones de personas, y que sembró el imaginario de Argentina como granero del mundo, niega el lugar y la existencia de la agricultura familiar, campesina e indígena. Es un modelo dependiente de las decisiones del régimen agroalimentario corporativo global. Sin embargo, desde finales de los noventa aparece con fuerza un nuevo sujeto social agrario, así lo explicó Caballero, desde movimientos campesinos referenciales como el de Santiago del Estero (Mocase), hasta otros con nuevas formas de movilización y protesta social: los movimientos de agricultores del cinturón hortícola de la ciudad de La Plata.
Pequeños productores, en su mayoría migrantes bolivianos, arrendatarios de 1 ó 2 hectáreas que abastecen las verduras que consume toda la región metropolitana de Buenos Aires: “podemos decir que la mitad de la población argentina se abastece y consume las verduras que produce ese cordón hortícola”. A partir de la organización en estos movimientos han logrado independizarse de la posición subordinada en la que se encontraban en la cadena de valor, porque eran tomadores de precios y de condiciones, tanto de los proveedores de insumos y de quienes les alquilaban las tierras, como de las cadenas de intermediación que le compraban su producción a un precio hasta 1200% por debajo del precio al que la vendían. Estos mismos movimientos, con manifestaciones masivas en las ciudades, se convirtieron en protagonistas de la resistencia a las políticas neoliberales y construyeron un vínculo simbólico que logró permear la indiferencia característica de los sectores medios urbanos, comenzaron a preocuparse por la agroecología y a consumir directamente productos de la agricultura familiar y campesina. Asimismo, articularon puntos de acuerdo entre un abanico amplio de organizaciones para un programa agrario nacional soberano y popular, de cara a las elecciones presidenciales de 2019.
Disputas
En las reflexiones que exacerbó la pandemia sobre qué es lo normal en nuestros modos de vida y el cuestionamiento a la normalidad de los modos de relación atravesados por la desigualdad, las organizaciones rurales marcan la discusión sobre cómo vivir en relación con la naturaleza desde la defensa y las prácticas agroecológicas, hasta otras formas de acceso a la alimentación y hábitos de consumo, dijo Dolores Señorans. Pero son procesos en disputa. ¿Cómo se construyen prácticas autogestivas que no implican existir por fuera de las lógica de acumulación de capital pero tampoco desde una subordinación tácita? ¿Cuáles serían los elementos que permitan dibujar una ruta de transición hacia la soberanía alimentaria? ¿Cuál es el rol que juega la estatalidad para desestabilizar esas asimetrías y construir otros circuitos de aprovisionamiento?.
En Venezuela un primerísimo paso es reestablecer la conexión entre las semillas y el patrón de consumo, para recuperar la dimensión productiva y reproductiva de la agricultura campesina, pero desde una imbricación entre lo rural y lo urbano y desde la disputa de políticas públicas. Por ejemplo, la participación de organizaciones campesinas en la provisión de alimentos para el Programa de Alimentación Escolar o en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), donde actualmente se distribuyen alimentos industriales, en su mayoría, importados.
Por su parte, en Argentina, impulsan las colonias agrícolas agroecológicas para lograr que el Estado les entregue tierras fiscales en desuso e instalar ahí colonias donde puedan vivir y producir, productores que hoy son arrendatarios. También proponen distintos proyectos de ley, como el de crear un programa de propiedad rural de acceso al crédito hipotecario para sectores populares de acceso a la tierra para la producción de alimentos. Y el de cinturones verdes, para resguardar del avance del negocio inmobiliario, las tierras que rodean la ciudad. Los medios de comunicación, en este país, ahora hablan de la agroecología. Comienzan a sacar notas sobre cómo debe entenderse, cuestionan qué esté copada por la lógica social y política de los movimientos campesinos. Su postura es que la agroecología debería ser un mero tecnicismo agronómico, de manejo conservacionista, de buenas prácticas, lo que también plantean cámaras y grupos empresariales del agronegocio. La disputa entre su potencia transformadora y el riesgo de su normalización o desplazamiento traen al debate los datos censales que revelan cómo vienen desapareciendo los pequeños productores en Argentina: el 1% de los productores grandes concentran el 36% de la tierra trabajada, mientras el 54% de los productores más pequeños solo acceden al 2% de la tierra. O cómo en Venezuela la crisis ha permitido la apertura de las fronteras del agronegocio y la extranjerización de las tierras en los llanos orientales para la producción de monocultivos de soya.
Desafíos
¿Cómo pensar estas experiencias autogestionarias en su sostenibilidad en el tiempo? ¿Cómo en su articulación con otras luchas territoriales más históricas, con otras experiencias no de este mismo sector? ¿Cómo se pasa de estas experiencias a una articulación con otros para crear flujos o circuitos, no solo de comercialización, sino de construcción de sentidos políticos?, preguntó Alexandra Martínez de la Fundación Rosa Luxemburg.
La única vía para establecer unas articulaciones reales y sostenibles en el tiempo pasa por la posibilidad de superar la subestimación del modelo campesino agroecológico. Más aún, por la transformación de los patrones de consumo. Y el principal desafío para lograrlo es comprender la soberanía alimentaria en clave decolonial, lo que implica reparaciones de lo que ha sido el proceso de despojo material y simbólico de la agricultura racializada. La productividad política de esta agricultura, expresada en formas organizativas que van de lo académico a lo orgánico militante, tiene gérmenes novedosos que, por ejemplo, incorpora a lxs jóvenes en la problematización de la relación entre pandemia, crisis climática y configuración actual del sistema agroalimentario global, expresó Luis Caballero. La posibilidad de que se articule con las luchas feministas y por el clima ya viene ocurriendo y forma parte de los grandes desafíos. En este momento en Venezuela, cualquier esfuerzo de organización y autogestión pasa primero por acercarse al tema alimentario, ya no es sectorial, “es un ámbito de articulación política que se ha ampliado por la intensificación del uso los alimentos como un arma de guerra y que nosotros los estamos disputando como un derecho humano”, así cerró Ana Felicien.
Economías Populares en debate
Para el día jueves 05 de noviembre se realizará la tercera sesión de seminario: Políticas públicas, finanzas y economías populares. La invitación es a continuar este espacio de reflexiones que, en esta oportunidad, buscará profundizar en la discusión sobre las formas de gobernanza nacional y transnacional y los modos de explotación del trabajo productivo y reproductivo en las economías populares.
Este seminario consiste en espacios de discusión e intercambio en torno a algunos debates fundamentales de las economías populares. Pueden hacer uso de los materiales de cada sesión, que consisten en foros y entrevistas, disponibles en la página web de la Fundación Rosa Luxemburgo, oficina para la región andina; el portal CLACSO TV; y en el portal Comunalizar el poder.
La entrevista que acompaña esta segunda sesión del seminario se realizó a las compañeras Lau Kin Chi y Sit Tsui Jade Margaret, quienes participaron en los libros “Experiencias de Reforma Agraria en el mundo” y “La lucha por la soberanía alimentaria. Desarrollo alternativo y la renovación de sociedades campesinas hoy" y han trabajado ampliamente el mundo rural en Asia. Esta entrevista se puede consultar también en el portal CLACSO TV.