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Entre el patrón oculto de las finanzas y las exigencias de políticas públicas

El seminario virtual Economías Populares en la pandemia, co-organizado por el grupo de trabajo de Clacso “Economía Popular: mapeo teórico y práctico” junto con la oficina andina de la Fundación Rosa Luxembourg y el Centro Internacional Miranda de Venezuela, es una invitación a compartir estos debates. En su tercera sesión realizada en octubre de 2020, se expusieron algunos marcos de comprensión de las nuevas formas del conflicto entre capital y trabajo para identificar problemáticas y posibilidades del, cada vez más amplio, sector de las economías populares de nuestra América Latina. Por María Eugenia Freitez, integrante del GT CLACSO “Economía Popular: mapeo teórico y práctico”.





11 millones de personas solicitantes de un Ingreso Familiar de Emergencia al Estado argentino y 11 millones, también, de trabajadores informales en Perú que no pudieron quedarse en casa durante meses cumpliendo cuarentena, revelaron algunos de los límites desbordados por las crisis que la pandemia del Covid-19 agudizó en la región latinoamericana. Es parte de la emergencia en la que se encuentra la politicidad actual en América Latina, precisamente porque los modos de gobernar los mayoritarios mundos populares exigen marcos de comprensión de las nuevas formas del conflicto entre capital y trabajo. En estas formas, las economías populares aparecen como una categoría y una praxis para reconocer cómo se reconfigura la explotación en el capitalismo financiero y para exigir al Estado políticas públicas que permitan regulaciones novedosas.


La penetración intensiva en la vida social de lo financiero que extrae valor a través del endeudamiento de los sectores populares o en las formas de ejecución de determinados derechos sociales, muestra el polimorfismo que caracteriza al neoliberalismo en nuestras economías. Sus tramas complejas, vinculadas también a otras lógicas sociales y políticas, están en la primera línea de discusión.


¿Cuál es el rol del Estado en América Latina frente al momento actual? ¿Con quién y cómo se relaciona a la hora de intervenir? ¿Cómo se estructuran esas relaciones, quiénes empujan, quiénes conquistan las posibilidades de inscribir en políticas públicas las dinámicas y las demandas de las economías populares? ¿Qué significa la explotación financiera y cómo se relaciona con las políticas públicas?


Con estas interrogantes, entre otras, la investigadora argentina Verónica Gago abrió la discusión de la tercera sesión del seminario virtual Economías Populares en la pandemia, co-organizado por el grupo de trabajo de Clacso “Economía Popular: mapeo teórico y práctico” junto a la oficina andina de la Fundación Rosa Luxemburg y el Centro Internacional Miranda de Venezuela.


La tercera y última sesión, realizada el 05 de noviembre, sobre Políticas públicas, finanzas y economías populares, contó con las ponencias de Alexandre Roig (GT CLACSO – IDAES UNSAM, Argentina) y Anahí Duránd (GT CLACSO – Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú); y los comentarios de Alvaro Gallardo (Grupo de Socioeconomía Instituciones y Desarrollo Universidad Nacional de Colombia), Irama La Rosa (Centro Internacional Miranda, Venezuela) y Luci Cavallero (Grupo de Investigacion e Intervencion Feminista GIIF – UBA, Argentina).

La explotación financiera como patrón oculto


En Argentina, la creación de la Ley de Emergencia Social en 2016 fue precedida de un proceso de conceptualización de la economía popular originado en el movimiento piquetero que separó las nociones de empleo y trabajo. Luego de la crisis de 2001, es asumida como categoría política para expresar la potencia autónoma del trabajo y, más tarde, para dar cuenta de las nuevas formas de explotación existente en la figura de los trabajadores no dependientes o sin patrón.


Alexandre Roig narró cómo tomaron del sindicato de ladrilleros el concepto de “patrón oculto” para explicar que lo propio de la economía popular no es una desvinculación de la relación social de explotación, sino su disimulación dentro de los procesos de financiarización: “Nosotros demostramos que cumplían (lxs trabajadores de la economía populares) una función desde el punto de vista del capital y era básicamente, por lo menos, estar endeudados, estar en una relación asimétrica con acreedores con tasas de interés que duplicaban o triplicaban las tasas de intereses de los sectores medios y los sectores altos”.

A partir de esta apuesta, se logró una institucionalización del salario social complementario y la creación de un Registro Nacional de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Dos grandes innovaciones que, en palabras de Roig, permitieron laboralizar la política social al transformar el sentido de la relación de deuda entre el Estado y el trabajador que se crea cuando beneficiarixs reciben planes sociales.


Es una política que vincula la agenda de la economía popular con la agenda feminista: visibiliza y valoriza trabajos que no son reconocidos por el capital. Valorizarlos produce un proceso de “conflictualización” que requiere establecer criterios de una disputa. “Es un desplazamiento de la disputa redistributiva a la disputa distributiva. Es decir, que el Estado cuando interviene en la valorización de un trabajo no es solo en la redistribución de un dinero fiscal sino que es la fijación del valor de un trabajo. Hay de vuelta una tensión entre distributivo y redistributivo que también es una tensión entre lo productivo y reproductivo”.

En su estructuración han identificado grandes ramas de actividad de las economías populares en Argentina: Recicladores, trabajadoras del cuidado principalmente feminizado, trabajo sociocomunitario, trabajo textil, agricultura familiar, trabajo de venta en el espacio público, trabajo de pequeña obra pública y empresas recuperadas.


Todo ello ha implicado asumir que los trabajadores de las economías populares están inscritos en múltiples relaciones sociales con el capital: fiscal, financiera, laboral, comercial, de saberes. Y, en consecuencia, elaborar propuestas para abordarlas que van desde un sistema fiscal adecuado a sus formas de producción, créditos con bajas tasas de interés o subvencionados a través de fideicomisos y no solo desde la bancarización, eliminar intermediarios parasitarios y generar una certificación y complementariedad de saberes.

Si bien esta en la propuesta integral de la política, en la práctica urgente de gestión de la pandemia Luci Cavallero señaló que el Estado argentino utilizó la bancarización para vehiculizar el cobro de subsidios e interpeló a Roig sobre lo que implica haber entrado en el circuito financiero, sin incluso en algunos casos haber recibido ingresos o sobre el destino de los recursos entregados. El aumento de las asimetrías, con el capital financiero y con las mediaciones comerciales es parte de las caras de las disputas en proceso, aseveró el sociólogo argentino. Entre los medios de pagos, como las billeteras electrónicas, o los dispositivos empresariales de captación del consumo nos encontramos ante unos circuitos de fuga que no permiten fortalecer a los sujetos políticos que, concretamente, garantizan los procesos de reproducción de la vida en los territorios.


Perú: la crisis del país de emprendedores


Perú y Chile son los dos países de América Latina donde el neoliberalismo se constitucionalizó. A partir de la aprobación de la constitución de 1992 en Perú se reorganizó el Estado, la economía y, sobre todo, las formas de relacionamiento con los sectores populares. Desde un discurso y un conjunto de políticas, a lo largo de casi 30 años, se trasladó la noción de ciudadano a la de “emprendedor”, así lo describió en su intervención Anahí Durand. Con la reducción de toda la arquitectura estatal y con una tecnocracia despolitizada, el abordaje de los sectores populares ha sido a través de políticas dirigidas a emprendedores para que conformen “microempresas” y trabajen en condiciones de explotación o sobreexplotación familiar. O con políticas focalizadas hacia los pobres bajo la premisa de “inclusión” a través de programas sociales. Una idea de inclusión que atiende a personas que deben reconocerse como pobres o vulnerables y que, según Durand, produce lógicas perversas para optar a los subsidios, “por ejemplo, la organización indígena que avale quién es más pobre que el otro o qué familia es más pobre que la otra”. Estas formas de relacionamiento sostenidas por el Estado peruano han dejado bajo desprotección a una mayoría de los trabajadores informales en Perú que, hoy en día, llegan a representar el 71% de la población trabajadora. Mientras aumenta recursos y protecciones a las grandes empresas.


Durante la pandemia, la sobrecarga laboral y de más explotación ha recaído en mujeres trabajadoras en labores de cuidado. Este sector ha venido en aumento también por el impacto de la migración que, por ejemplo, en el caso del ingreso de venezolanxs implicó casi un millón de personas, sobre todo mujeres. En medio de una caída del empleo y el PIB y con una altísima tasa de contagios y muertes que deja hasta ahora la pandemia, el Estado peruano “se puso a contar pobres para entregar bonos a un universo reducido” señaló Anahí, quien a su vez destacó que las organizaciones políticas, tanto de izquierda como otras, habían propuesto al gobierno asegurar una renta básica universal a toda la población de la economía informal. Pero en este mismo contexto, se han producido luchas y movilizaciones emblemáticas que pueden estar abriendo brechas en los consensos instalados. Una de las más interesantes es la de las trabajadoras de limpieza pública contratadas y despedidas por la municipalidad de Lima. Ellas, al igual que las enfermeras no han dejado de estar en las calles, limpiando, asistiendo a los hospitales o haciendo protestas.


Institucionalidad popular y Estado


Lo que fundamentalmente está en crisis en América Latina es el modo neoliberal y neodesarrollista de solucionar las crisis, afirmó Alexandre Roig. Estamos ante la “necesidad de repensar el sujeto político y un límite de los imaginarios para pensarlo”. Ni la salida empresarial, ni la integración al mundo laboral productivo, ni la idea de integración por el consumo funcionan. La urgencia de pensar no solo alternativas, sino algo nuevo para evitar un desborde de violencia sin sentido al estilo del “Guasón” pasaría, según su criterio, por hacer posible mediaciones sociales entre capital y trabajo desde la convocatoria de un Estado que las convierta en política. Para que esto pueda ocurrir es necesario diluir la división liberal entre Estado y sociedad y constituir lo que el gobierno argentino en este momento denomina un Estado-Social. No es un Estado de Bienestar, incorpora sus propias mediaciones a través de “pliegues” que es la figura de una organización que está afuera y adentro, lo que no quiere decir que esté de los dos lados del mostrador, sino que trabaja en la producción de lo común o de lo social, insiste Roig.


Esta forma de estatalidad se funda en un proceso de articulación de múltiples saberes: sindicales, burocráticos, académicos, políticos, de las organizaciones sociales. Y, a su vez, en modos de producción de derechos que no tiene que ver sólo con la expansión de derechos preexistentes, sino con la lógica de creación de una institucionalidad popular a partir de la identificación de los nuevos conflictos entre capital y trabajo y de creación de normas jurídicas sobre la base de esos conflictos. Por su parte, la crisis del “neoliberalismo a la peruana” como lo denominó Anahí Durand, abrió un fuerte cuestionamiento al rol del Estado y reactivó dinámicas autónomas desde las organizaciones sociales y comunitarias que pusieron en tensión los dos ejes centrales de identificación y relacionamiento: la informalidad pseudoemprendedora y la focalización de los pobres.


Las fisuras abiertas podrían traducirse en un mediano plazo en la movilización de un sujeto popular que puede tomar las calles y realizar incluso impugnaciones constitucionales. En una última encuesta realizada que incluyó la pregunta sobre la aceptación de un cambio constitucional se obtuvo un 52% a favor de la aprobación de una nueva constitución a través de una Asamblea Constituyente. Por ahora, se lograron movilizar exigencias de regulación estatal, aunque sea mínima, hacia los privados, una política de apoyo al empleo formal y, en general, se tensionaron las lógicas de este modelo volviendo sobre ideas que se habían dejado de lado, por ejemplo, “la de los trabajadores que producen riqueza y pagan impuestos y necesitan de una contraprestación del Estado”, afirmó Durand.

Para ambos expositores, la pregunta radical por la democracia social o la democratización es central, cómo repensar al sujeto político, justo en un momento donde la crisis histórica de representación política se enfrenta con la dificultad de las presencias en la calle, lugar indispensables para el ejercicio democrático.

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